México podría ampliar demanda contra armerías, si EUA declara terroristas a cárteles

• Sheinbaum advierte que la designación de cárteles como terroristas podría implicar mayor responsabilidad para las armerías estadounidenses.

Multius (multius.com.mx). La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, advirtió que su gobierno analiza la posibilidad de ampliar la demanda contra fabricantes y distribuidoras de armas en Estados Unidos si el gobierno de ese país declara a cinco cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Según la mandataria, esta designación confirmaría la responsabilidad de las armerías en el tráfico ilegal de armamento hacia grupos delictivos.

Sheinbaum recordó que el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos ha reconocido que el 74 por ciento de las armas utilizadas por los cárteles provienen de su territorio. En este sentido, cuestionó la posición que tendrían las armerías ante un eventual decreto que califique a estos grupos como terroristas.

El debate surge tras un reporte del diario The New York Times, en el que se menciona que el gobierno de Donald Trump planea designar a los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación (CJNG), del Noreste, la Familia Michoacana y Cárteles Unidos como organizaciones terroristas extranjeras. La decisión, impulsada por el Departamento de Estado que encabeza Marco Rubio, aún debe ser aprobada por el Senado estadounidense.

Sheinbaum reiteró que su administración se mantiene firme en la defensa de la soberanía nacional y rechazó cualquier forma de injerencia en la política mexicana. Enfatizó que el gobierno de México fortalecerá su legislación para evitar la venta y tráfico de armas por parte de extranjeros dentro del país.

El gobierno mexicano ha sostenido negociaciones con la administración estadounidense para evitar esta designación, pues su aprobación podría modificar sustancialmente la relación bilateral en materia de seguridad y cooperación internacional. Además, el señalamiento de terrorismo implicaría un cambio en la estrategia de combate al crimen organizado, con posibles consecuencias en el ámbito diplomático, económico y legal.

La presidenta destacó que su gobierno seguirá revisando las implicaciones del posible decreto y tomará las medidas necesarias para proteger los intereses nacionales. Mientras tanto, la postura del Gobierno de México se mantiene en rechazar cualquier acto que implique injerencia extranjera en asuntos internos.