EE.UU. deporta migrantes pese a orden judicial que suspendía expulsiones

• El gobierno utilizó una norma que data de 1798 para expulsar migrantes sin pruebas de vínculos criminales.

Multius (multius.com.mx). El gobierno del presidente Donald Trump deportó a cientos de migrantes a El Salvador y Honduras a pesar de que un juez federal había emitido una orden que bloqueaba las expulsiones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. La medida, dirigida específicamente a miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua, fue utilizada para justificar la deportación masiva de migrantes, incluso sin pruebas de su vínculo con organizaciones criminales.

El juez de distrito James E. Boasberg ordenó la suspensión de las deportaciones el sábado por la noche, pero para ese momento ya había dos vuelos en el aire con destino a Centroamérica. Aunque Boasberg instruyó verbalmente que las aeronaves regresaran a Estados Unidos, el gobierno de Trump no cumplió con la orden, argumentando que solo tenía validez la versión escrita y que esta se emitió después del despegue de los vuelos.

La Casa Blanca defendió su decisión, asegurando que las deportaciones ya estaban en curso cuando se emitió la orden judicial y que los expulsados eran "terroristas extranjeros" sin derecho a permanecer en el país. Sin embargo, no se presentaron pruebas que confirmaran que los deportados eran miembros del Tren de Aragua o que hubieran cometido delitos en EE.UU.

El gobierno de El Salvador recibió a los migrantes en la prisión de máxima seguridad CECOT, donde fueron trasladados bajo fuertes medidas de seguridad. Imágenes difundidas por el gobierno salvadoreño mostraron a los detenidos esposados, con grilletes en los tobillos y con la cabeza gacha, mientras eran ingresados al penal.

El Departamento de Justicia apeló la decisión del juez Boasberg y aseguró que no aplicará la proclamación de Trump en nuevas deportaciones hasta que la Corte resuelva el caso. Sin embargo, la American Civil Liberties Union (ACLU) y otros defensores de derechos humanos advirtieron que la implementación de la Ley de Enemigos Extranjeros podría convertirse en un precedente peligroso, ya que permite la expulsión de cualquier no ciudadano sin necesidad de juicio ni derecho a defensa.

El gobierno de Venezuela condenó la deportación y anunció que presentará una queja ante la ONU y otras instancias internacionales, denunciando que el uso de esta ley "evoca episodios oscuros de la historia, como la esclavitud y los campos de concentración nazis".

Familiares de los migrantes deportados se han manifestado en redes sociales, denunciando que sus seres queridos no tienen vínculos con pandillas y que fueron detenidos arbitrariamente. Mientras tanto, la prohibición de deportaciones impuesta por Boasberg se mantiene vigente por 14 días, a la espera de una audiencia programada para el próximo viernes, donde se debatirá la legalidad del uso de esta ley por parte de la administración Trump.