Congreso y ACNUR buscan legislar sobre desplazamiento forzado en Michoacán

• Plantean una ley estatal ante la crisis humanitaria en Tierra Caliente.

Multius (multius.com.mx). Ante la creciente crisis de desplazamiento forzado en Michoacán, el Congreso estatal y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) sostuvieron un encuentro para analizar la viabilidad de una ley estatal que proteja los derechos de las personas desplazadas. La iniciativa busca garantizar su acceso a salud, educación y seguridad, además de establecer mecanismos de financiamiento progresivo para su implementación.

El Oficial Senior de Protección de ACNUR, Daniel McGuire, subrayó la importancia de legislar antes de que ocurra una nueva crisis, asegurando que una ley permitiría una mejor coordinación entre las autoridades. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, Xóchitl Ruiz González, destacó que municipios como Coalcomán, Aguililla y Apatzingán han sido abandonados por la violencia, dejando comunidades prácticamente desiertas.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Juan Antonio Magaña de la Mora, aseguró que existe el compromiso de la actual legislatura para trabajar en una normativa acorde con la realidad michoacana, resaltando la importancia del apoyo técnico de ACNUR. No obstante, persisten dudas sobre la efectividad de los convenios firmados con la agencia desde 2022, ya que no se han traducido en resultados concretos.

A la par, la Secretaría del Migrante y ACNUR firmaron un convenio de colaboración para fortalecer la protección de los desplazados, asegurando asesoría legal y acompañamiento. Sin embargo, durante el evento, representantes de ACNUR evitaron proporcionar cifras sobre el número de desplazados atendidos, lo que generó cuestionamientos sobre el impacto real de la agencia en la crisis humanitaria que enfrenta el estado.

Miriam Heredia Zertuche, enlace de ACNUR en Michoacán, rechazó responder preguntas de la prensa sobre los resultados de la asistencia técnica brindada. Al ser cuestionado sobre el papel de ACNUR en casos individuales, McGuire se limitó a señalar que la responsabilidad principal recae en el gobierno estatal, sin ofrecer información concreta.

El Congreso de Michoacán concluyó que se continuará trabajando en la construcción de la ley con base en experiencias de otros estados como Sinaloa, Guerrero, Zacatecas y Chiapas, que ya cuentan con normativas específicas para el desplazamiento forzado. Sin embargo, la falta de datos claros y la evasiva de ACNUR sobre su trabajo en la región dejan en incertidumbre la efectividad de las acciones emprendidas hasta ahora.