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Diputados aprueban nuevo régimen fiscal para Pemex

  • La reforma busca aliviar la carga tributaria y mejorar la rentabilidad de la petrolera, pero genera preocupaciones sobre su viabilidad financiera.


Cámara de diputados aprueba nuevo régimen fiscal para PEMEX

Multius (multius.com.mx). La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular una reforma a la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos con el objetivo de modificar el régimen fiscal de Petróleos Mexicanos (Pemex). La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, sustituye los tres derechos que actualmente paga la empresa por uno solo denominado “Derecho Petrolero para el Bienestar”.


Con 338 votos a favor y 127 en contra, la reforma fue turnada al Senado para su análisis y eventual aprobación. Según lo expuesto por Morena y sus aliados, esta medida pretende reducir la carga fiscal de Pemex, disminuir costos operativos y mejorar su rentabilidad. El nuevo esquema establece una tasa única del 30% por la explotación de hidrocarburos y 11.6% para el gas, además de exentar a Pemex del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR).


Durante el debate, legisladores de oposición expresaron sus reservas sobre los posibles efectos de la reforma. La diputada Patricia Flores Elizondo (MC) advirtió que la reducción en la carga tributaria podría comprometer los ingresos del gobierno federal, afectando la financiación de programas sociales y proyectos de infraestructura.



Por su parte, el diputado Federico Döring Casar (PAN) criticó la reforma al considerar que responde a la crisis financiera heredada de la administración de Octavio Romero Oropeza en Pemex, acusando que la empresa estatal ha acumulado pérdidas millonarias y deudas con proveedores.



A pesar de estas preocupaciones, legisladores de Morena defendieron la iniciativa, argumentando que Pemex ha enfrentado históricamente una alta carga fiscal que ha limitado su capacidad operativa. La diputada Rocío Abreu Artiñano, presidenta de la Comisión de Energía, recordó que en 2019 la empresa pagaba una tasa del 65% en derechos de utilidad compartida, lo que impedía su desarrollo.


Otro punto de la reforma que generó controversia fue la eliminación de la obligación de instalar sistemas de medición de volúmenes extraídos por pozo, lo que, según críticos, podría afectar la transparencia en la producción y comercialización de hidrocarburos.

 
 
 

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