Socios de García Luna logran acuerdo civil en EE. UU.

• A pesar del pacto con la UIF, los Weinberg siguen proceso penal en México por su papel en la red de corrupción de García Luna.

Genaro García Luna. Foto: Archivo.

Multius (multius.com.mx). Aunque los empresarios Mauricio Samuel Weinberg López y su hijo Jonathan Alexis Weinberg Pinto alcanzaron un acuerdo reparatorio con el gobierno mexicano en un tribunal civil de Florida, su situación jurídica en México sigue sin resolverse del todo. Ambos enfrentan un proceso penal abierto en el país por su presunta participación en la red de corrupción encabezada por el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

Según documentos judiciales, el pasado 23 de mayo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y los Weinberg presentaron ante la jueza Lisa Walsh una solicitud conjunta para desestimar la demanda civil interpuesta en 2021, tras llegar a un acuerdo confidencial que se presume incluye el pago de una cifra millonaria al Estado mexicano. La demanda señalaba violaciones a la Ley Civil contra Prácticas Criminales y lavado de dinero mediante un entramado empresarial que permitió desviar recursos públicos para adquirir bienes lujosos en Estados Unidos.

En ese mismo proceso, García Luna y su esposa, Cristina Pereyra, fueron sentenciados a pagar 2,488 millones de dólares por los daños causados. A pesar de este avance en la vía civil, el panorama penal para los Weinberg en México continúa siendo incierto.

García Luna y su esposa, Cristina Pereyra. Fotografía extraída de la web.

Este martes 27 de mayo se tenía prevista una audiencia clave dentro de la causa penal 43/2023 en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya, Estado de México. En ella, los imputados buscarían negociar un criterio de oportunidad con la Fiscalía General de la República (FGR), lo que implicaría colaborar con las autoridades mexicanas a cambio de beneficios procesales.

Sin embargo, la diligencia fue aplazada debido a que las partes manifestaron no estar en condiciones de llevarla a cabo, por lo que el juez programó una nueva fecha: el 2 de junio a las 11:00 horas. De obtener el beneficio, los Weinberg tendrían que declarar contra otros implicados de mayor jerarquía, lo cual podría fortalecer las investigaciones en curso, incluso aquellas relacionadas con el financiamiento ilícito de campañas políticas, como ha advertido Pablo Gómez, titular de la UIF.

Mientras tanto, las autoridades mexicanas mantienen abiertas las líneas de investigación y el seguimiento judicial contra quienes participaron en los esquemas de desvío y lavado de dinero durante la gestión de García Luna, hoy preso en Estados Unidos cumpliendo una condena de casi 39 años por cargos relacionados con el narcotráfico.