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Constitucionales reformas en materia de soberanía nacional y prisión preventiva oficiosa
- MULTIUS
- 19 mar
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La reforma constitucional impone prisión preventiva oficiosa para terrorismo y tráfico ilegal.
Multius (multius.com.mx). La Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional en materia de soberanía nacional y tráfico de armas, la cual ha sido enviada al Senado para su ratificación. Con el respaldo de 22 congresos estatales, la iniciativa busca reforzar la postura del país contra cualquier injerencia extranjera y ampliar la prisión preventiva oficiosa para delitos de terrorismo y tráfico ilegal de armas.
La reforma modifica el artículo 19 y adiciona los párrafos segundo y tercero del artículo 40 de la Constitución. Con ello, se establece que México no aceptará intervenciones extranjeras, prohibiendo expresamente golpes de Estado, intromisiones en elecciones y violaciones al territorio nacional por cualquier vía. Asimismo, ninguna investigación o persecución penal podrá realizarse sin la autorización expresa del Estado mexicano.
Uno de los puntos centrales de la reforma es la imposición de prisión preventiva oficiosa para quienes participen en actividades de terrorismo o tráfico ilegal de armas. Tanto nacionales como extranjeros que fabriquen, distribuyan o ingresen armas de manera ilícita al país enfrentarán esta medida cautelar, además de las penas más severas contempladas en la ley.
El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, destacó que la reforma cumple con el procedimiento estipulado en el artículo 135 de la Constitución, al haber sido aprobada por la mayoría de los congresos estatales y de la Ciudad de México.
El Congreso de la Unión y las legislaturas estatales tendrán un plazo de 180 días para realizar las adecuaciones normativas necesarias y garantizar la correcta implementación de la reforma. Mientras tanto, el Senado de la República deberá analizar y votar el dictamen para su eventual publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Con esta medida, el Estado mexicano refuerza su marco jurídico en materia de seguridad nacional y justicia penal, con el objetivo de combatir eficazmente los delitos que amenazan la estabilidad del país.
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