Dos jueces federales fueron incluidos sin postularse en el proceso electoral judicial

• La magistrada Lilia Mónica López Benítez pidió que se retires su nombre, mientras que el juez Eduardo Alberto Osorio Rosado analiza sus opciones.

La magistrada Lilia Mónica López Benítez pidió que se retires su nombre, mientras que el juez Eduardo Alberto Osorio Rosado analiza sus opciones. Foto: especial.

Multius (multius.com.mx). La inclusión errónea de la magistrada Lilia Mónica López Benítez y del juez de distrito Eduardo Osorio en las listas de candidatos para la elección judicial extraordinaria ha generado preocupación en el ámbito jurídico y político. Ambos jueces aseguran no haberse postulado y consideran que estos errores afectan la confianza ciudadana en el proceso.

La magistrada López Benítez, consejera de la Judicatura Federal, denunció que, pese a haber presentado su declinación en octubre de 2024 y manifestado públicamente su rechazo a la reforma judicial, su nombre apareció en la lista de candidaturas enviada por el Senado al Instituto Nacional Electoral. La magistrada calificó esta situación como una grave irregularidad que vulnera la certeza del proceso electoral y genera desconfianza en la ciudadanía.

Ante ello, presentó solicitudes formales tanto al Senado como al INE, exigiendo que su nombre sea eliminado de la lista y que se corrijan las inconsistencias detectadas. Asimismo, reiteró su postura crítica contra la reforma judicial, señalando que atenta contra la independencia del Poder Judicial y la división de poderes en México.

Por su parte, el juez de distrito en Querétaro, Eduardo Osorio, expresó su sorpresa al descubrir que su nombre fue incluido en el listado de candidaturas sin haber presentado una solicitud para participar en la elección judicial.

En entrevista para Radio Fórmula, explicó que desconocía el criterio utilizado por el Senado para integrar la lista y señaló que su inclusión sin consentimiento reflejaba la falta de control y transparencia en el proceso. Osorio comentó que, si bien había considerado la posibilidad de postularse en algún momento, nunca formalizó su inscripción ni tomó una decisión definitiva antes de la publicación de las listas. Ante esta situación, indicó que estaba evaluando opciones con su equipo para determinar la mejor manera de proceder, explorando posibles vías legales para solicitar su exclusión.

Finalmente, advirtió que las inconsistencias en los listados generan incertidumbre y afectan la credibilidad de la elección judicial, pues evidencian deficiencias en la organización y posibles riesgos de manipulación en la conformación del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial.

Ahora, el INE ha solicitado al Senado corregir las inconsistencias detectadas en el listado de candidaturas antes de la impresión de las boletas programada para el 20 de febrero. Entre los errores reportados figuran la falta de datos de contacto, CURP, género y especialidad de los candidatos, así como la inclusión de personas que no se postularon y la duplicación de nombres.

La controversia sobre estos errores se suma a las críticas por la falta de claridad en el proceso de selección de candidatos y los riesgos que podría representar para la independencia judicial. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Relatoría Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados han expresado su preocupación por la reforma, señalando que la creación del Tribunal de Disciplina Judicial podría comprometer la autonomía del Poder Judicial. Advierten que este órgano, con amplias facultades sancionatorias, podría ser utilizado para presionar o castigar a jueces cuyas resoluciones resulten incómodas para el poder político, debilitando así el principio de separación de poderes.

En medio de la incertidumbre, se espera que el Senado realice las correcciones necesarias y que el INE garantice un proceso transparente antes de la jornada electoral del 1 de junio de 2025. Mientras tanto, el caso de la magistrada López Benítez y el juez Osorio refuerza las dudas sobre la ejecución de la reforma judicial y sus posibles implicaciones para la división de poderes en México.