Harfuch y Gertz acusan a jueces de favorecer al crimen organizado

• El secretario de Seguridad denuncia 193 resoluciones judiciales que beneficiaron a delincuentes peligrosos.

Multius (multius.com.mx). El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, denunció que desde octubre de 2024 se han emitido al menos 193 resoluciones judiciales que han favorecido a presuntos miembros del crimen organizado, entre ellas 164 cambios de medida cautelar, 27 traslados y dos egresos definitivos. Las resoluciones habrían beneficiado a personas acusadas de homicidio, secuestro y portación de armas de fuego, entre otros delitos de alto impacto.

Durante la conferencia presidencial, Harfuch señaló al juez Gregorio Salazar Hernández, con sede en el Estado de México, por liberar o facilitar la liberación de operadores de los cárteles de Sinaloa y del Golfo, incluyendo a Mario Alberto Cárdenas Medina, sobrino del exlíder Osiel Cárdenas Guillén. Mencionó además a jueces como Silvestre Peña Crespo (Guanajuato), Enrique Hernández Miranda y Aníbal Castro (Sonora), quienes emitieron decenas de resoluciones similares.

Uno de los casos más graves es el de Miguel Ángel “N”, presunto líder de los Zetas, cuya extradición a Estados Unidos ha sido bloqueada en 79 ocasiones por siete jueces distintos.

En respaldo a las declaraciones de Harfuch, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, acusó al Poder Judicial de bloquear acciones penales contra jueces presuntamente corruptos mediante acuerdos internos que impiden su enjuiciamiento.

La presidenta Claudia Sheinbaum retomó la denuncia y aseguró que este tipo de prácticas cesarán con la elección popular de jueces, medida que busca ser implementada este año como parte de la reforma judicial. Recordó que ya solicitó al Tribunal Electoral que inhabilite a aspirantes con vínculos comprobados con el narcotráfico, luego de que el Senado reconociera que hay casos de este tipo entre los más de 3 mil candidatos.

La elección judicial, programada para el próximo 1 de junio, implicará el voto directo de casi 100 millones de personas para 881 cargos del Poder Judicial, incluyendo la Suprema Corte, el Tribunal Electoral y el Tribunal de Disciplina Judicial.