INE ante retos inéditos en elecciones judiciales 2025

• Vacíos legales, problemas de distritación y recortes presupuestales complican los comicios históricos, en un marco político desafiante que pone a prueba al órgano electoral.

Multiius (https://multiius.wixsite.com/misitio). El proceso electoral para elegir 881 cargos en el Poder Judicial Federal, programado para el 1 de junio de 2025, enfrenta múltiples desafíos logísticos y financieros que ponen a prueba la capacidad del Instituto Nacional Electoral (INE). Mientras los consejeros trabajan contrarreloj, la elección marca un hito histórico que podría cambiar el panorama del sistema judicial en México y establecer un precedente para elecciones similares a nivel estatal.

Desafíos logísticos: la cartografía y el modelo de votación

Uno de los principales retos radica en la falta de coincidencia entre la distritación electoral habitual y la distribución de los circuitos judiciales. Este desfase complica la organización de los centros de votación, especialmente en los siete circuitos judiciales que abarcan más de un estado. Ante esta situación, el INE evalúa la posibilidad de instalar centros de votación en lugar de casillas tradicionales, lo que obligará a los ciudadanos a desplazarse mayores distancias para ejercer su voto.

Los consejeros han advertido que esta medida podría desincentivar la participación ciudadana, ya que el tiempo y los costos de traslado podrían convertirse en un obstáculo para los votantes. Además, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) tiene hasta finales de diciembre para entregar la cartografía definitiva, lo que deja poco margen para ajustes de última hora.

El impacto del registro masivo de aspirantes

El registro de casi 50,000 aspirantes, anunciado por la ministra Yasmín Esquivel, representa un desafío operativo sin precedentes para los tres comités de evaluación encargados de filtrar las candidaturas. Estos comités deberán seleccionar perfiles idóneos en un tiempo limitado, con el objetivo de garantizar que las boletas electorales estén listas para los comicios.

Si bien la inscripción masiva refleja un interés ciudadano por participar en la transformación del Poder Judicial, también genera preguntas sobre la capacidad del INE para procesar esta cantidad de datos y garantizar transparencia y equidad en el proceso.

El marco político y sus implicaciones

El proceso de elección judicial forma parte de una estrategia política conocida como el "Plan C", impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y continuada por su sucesora, Claudia Sheinbaum. Este contexto político ha llevado a estados como Michoacán, Tamaulipas y Durango a modificar sus constituciones para implementar procesos similares a nivel local.

De concretarse estas reformas, se podría abrir la puerta a elecciones judiciales estatales concurrentes con las federales, lo que incrementaría exponencialmente la magnitud del proceso y la carga operativa del INE. Este escenario, además de ser un reto logístico, podría sentar un precedente de amplio alcance para el sistema electoral mexicano.

Tiempos acotados y recursos insuficientes

La negativa del Congreso de otorgar una prórroga de 90 días, solicitada por el INE, ha añadido presión al calendario electoral. Esto, combinado con la falta de un presupuesto adecuado, ha obligado al órgano electoral a priorizar áreas de impacto. Aunque el INE solicitó 13,205 millones de pesos, la Cámara de Diputados, dominada por Morena y sus aliados, ha propuesto reducir esta cifra a solo 9,000 millones, lo que afecta la capacidad de organización y ejecución del proceso.

Este recorte presupuestal no solo compromete la calidad del material electoral y el pago a los funcionarios, sino que también pone en riesgo el prestigio del INE, que podría enfrentar cuestionamientos en caso de fallas logísticas o irregularidades.

Repercusiones futuras para el sistema electoral

El desarrollo de esta elección también plantea interrogantes sobre el impacto a largo plazo para el INE y el modelo democrático del país. Un descalabro en este proceso podría minar la credibilidad del instituto y abrir la puerta a una posible reforma político-electoral antes de 2027, impulsada por el gobierno en turno.

Además, el modelo de elección judicial podría sentar un precedente para replicarse en otros sectores del sistema político, generando un cambio estructural en la forma en que los mexicanos eligen a sus representantes y funcionarios clave.

Una elección histórica en construcción

Con apenas 181 días restantes para la jornada electoral, el panorama es incierto. Los desafíos logísticos, presupuestales y políticos conforman un escenario complejo, pero también una oportunidad para que el país reflexione sobre las implicaciones de este modelo electoral único. El éxito o fracaso de esta elección podría marcar un antes y un después en la historia política y judicial de México.