Juez ordena al Congreso reevaluar caso del exmagistrado Jesús Sierra

• La justicia federal detectó irregularidades en el proceso legislativo de no reelección y ordenó reponerlo con base en criterios objetivos y legales.

Multius (multius.com.mx). Un juez federal concedió un amparo al exmagistrado Jesús Sierra Arias, al considerar que el Congreso de Michoacán incurrió en irregularidades jurídicas al negarle la reelección como titular de la Primera Sala Administrativa Ordinaria del extinto Tribunal de Justicia Administrativa del Estado (TJAEM).

La resolución judicial deja sin efectos el dictamen de no ratificación aprobado el 12 de julio de 2024 por la 75 Legislatura local, por haber sido emitido fuera del plazo legal y sin cumplir con los requisitos de fundamentación y motivación establecidos por la normatividad aplicable.

El amparo instruye al Congreso local, a través de las comisiones de Justicia y de Gobernación, a emitir un nuevo dictamen ajustado a derecho, basado en criterios objetivos, como el número de sentencias emitidas, su firmeza jurídica o su historial disciplinario. Además, se prohíbe incorporar elementos nuevos que no hayan sido considerados en la evaluación original.

Jesús Sierra Arias sostuvo que su desempeño fue sobresaliente, con un “99% de sentencias confirmadas” durante los cinco años que ocupó el cargo. Desacreditó el argumento legislativo que indicaba un supuesto 70% de resoluciones confirmadas, calificándolo como un “manejo erróneo de cifras”.

De ratificarse el amparo en instancias superiores, el Congreso deberá analizar nuevamente su caso y, de proceder su reelección, se tendrá que determinar si el nombramiento actual queda sin efecto para restituir su derecho al cargo.

Sierra también cuestionó la discrecionalidad del Legislativo, al señalar que personas sin experiencia jurisdiccional han sido designadas en el cargo, mientras que perfiles con trayectoria comprobada han sido excluidos bajo argumentos poco claros.

Finalmente, criticó que en la decisión legislativa se hayan impuesto intereses políticos sobre criterios jurídicos. “No se respetaron los derechos adquiridos ni se valoró con objetividad la labor jurisdiccional”, afirmó. Y,