Magaña de la Mora confirma suspensión a juicio político en contra de la Edil de Coalcomán

• Jueza federal suspendió la emisión de una resolución contra la alcaldesa de Coalcomán por presuntas irregularidades en el proceso.

Multius (multius.com.mx). El Congreso del Estado de Michoacán se encuentra impedido para emitir una resolución en el juicio político promovido contra la alcaldesa de Coalcomán, Anavel Ávila Castrejón, debido a una suspensión definitiva concedida por la jueza cuarta de distrito con sede en Morelia, Katia Orozco Alfaro. La medida, otorgada como parte del juicio de amparo 383/2025, se sustenta en la posible existencia de violaciones al debido proceso, incluyendo falta de notificación adecuada, clasificación indebida de información y omisiones en la fundamentación del procedimiento legislativo.

Presidenta municipal de Coalcomán. Foto: redes sociales del Ayuntamiento de Coalcomán.

La suspensión definitiva no detiene las diligencias del juicio político, pero impide que el Congreso emita una resolución final, salvo que un Tribunal Superior determine que no existieron las irregularidades denunciadas. El juicio político fue iniciado por el Legislativo local el 7 de marzo de 2025, tras señalamientos que vinculaban a la presidenta municipal con un acto público considerado como presunta apología del crimen organizado.

El procedimiento ha sido señalado por diversos actores políticos como apresurado y carente de sustento. El diputado Antonio Tzilacatzin Carreño Sosa, de Movimiento Ciudadano, partido al que pertenece la edil, afirmó que el juicio podría ser impugnado por el Congreso, pero advirtió sobre un posible trasfondo político detrás del caso, al no existir carpeta de investigación abierta en ninguna fiscalía.

Por su parte, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Juan Antonio Magaña de la Mora, confirmó que el Legislativo ya fue notificado formalmente de la suspensión, aunque declaró no conocer aún los argumentos del recurso legal. Añadió que el Congreso deberá presentar un informe justificado ante el juzgado de distrito, para que se valoren los hechos señalados por la parte quejosa.

Mientras tanto, la Comisión Jurisdiccional continúa con las diligencias internas del caso. Sin embargo, el avance del procedimiento sigue limitado por la orden federal, que busca garantizar que se respete el derecho a la defensa de la funcionaria acusada y se cumplan los requisitos constitucionales del juicio político.