Michoacán aprueba reforma contra la apología del delito

• Colectivos y especialistas advierten retroceso en derechos y riesgo de censura.

Multius (multius.com.mx). Con 24 votos a favor, 9 en contra y 2 abstenciones en lo general, el Congreso de Michoacán aprobó esta semana una polémica reforma al Código Penal que sanciona a quienes “promuevan ideas que incentiven la criminalidad”, incluyendo expresiones realizadas por cualquier medio. La medida ha desatado una ola de críticas por parte de colectivos de periodistas, diputadas de oposición e incluso legisladoras del propio partido en el poder, quienes advierten que se trata de un retroceso en materia de libertad de expresión.

La reforma al Código Penal para el Estado de Michoacán incluye la adición de una fracción IX al artículo 24, así como la creación de un nuevo capítulo (VII) que incorpora los artículos 163 quinquies y 163 sexies, con los que se tipifican como delitos la apología del delito, la provocación pública a cometer ilícitos y la promoción de grupos delictivos, cuando se realicen mediante ideas, argumentos o representaciones. Empero, el artículo 163 sexies establece una excepción para periodistas que informen en el ejercicio legítimo de su profesión, siempre que se ciñan al derecho a la información; sin embargo, activistas y legisladoras han denunciado que esta cláusula es ambigua, insuficiente y hasta engañosa, pues su redacción deja espacio para interpretaciones subjetivas que podrían derivar en censura.

El colectivo #NiUnoMás Michoacán, que agrupa a periodistas y defensores de derechos humanos, denunció que la redacción del nuevo tipo penal es ambigua y de interpretación subjetiva, al usar términos como “ideas”, “alusión” o “promoción”, sin exigir un vínculo causal entre el discurso y la comisión de un delito. “Bastaría con una expresión, incluso artística o crítica, para ser objeto de persecución penal”, señalaron en un comunicado.

En el plano legislativo, la diputada Sandra Olimpia Garibay (Morena) se opuso a la reforma desde tribuna, advirtiendo que “no podemos permitir que el derecho penal se convierta en un instrumento para perseguir el pensamiento”. En la misma línea, Vanessa Caratachea (PAN) denunció que el dictamen fue aprobado de manera opaca, sin parlamento abierto ni análisis técnico-jurídico. “Este Congreso está legislando al vapor, sin escuchar a la sociedad ni a los expertos”, reclamó.

Por su parte, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla defendió la iniciativa como una herramienta para “desarticular la narrativa de éxito del crimen organizado”, haciendo alusión directa a los narcocorridos y otras expresiones que, en su opinión, “glorifican conductas criminales”. Legisladores de Morena y del Partido Verde respaldaron la postura del Ejecutivo, señalando que la medida busca “reconstruir el tejido social” y “combatir la apología de la violencia”, sin censurar opiniones ni géneros musicales.

Sin embargo, el argumento no ha convencido a los colectivos de periodistas, que ya anunciaron acciones legales para impugnar la reforma. “Lo que está en juego es el derecho a la palabra, a la crítica y a la protesta. La excepción para periodistas es limitada y deja fuera a artistas, activistas, académicos o creadores de contenido digital”, advirtieron voceros de #NiUnoMás.

La reforma también ha despertado preocupación entre juristas y especialistas en derechos humanos, quienes advierten que el texto podría ser incompatible con los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, al sancionar expresiones sin una relación directa con la comisión de delitos y sin considerar el principio de estricta legalidad penal.

Mientras tanto, organizaciones civiles y medios independientes han comenzado a documentar casos en que la nueva legislación podría abrir la puerta a procesos judiciales arbitrarios contra voces críticas o disidentes.