ONU activa por primera vez procedimiento excepcional contra desapariciones en México

• El Comité contra Desapariciones Forzadas ve indicios de patrón sistemático en México.

Multius (multius.com.mx). Por primera vez desde la entrada en vigor de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, el Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CED) activó el procedimiento establecido en el artículo 34 de dicho tratado, específicamente dirigido al Estado mexicano. Esta decisión, anunciada desde Ginebra, responde a indicios bien fundados de que las desapariciones forzadas se realizan de forma generalizada o sistemática en territorio nacional.

El procedimiento, considerado el más extremo con que cuenta este Comité, podría llevar el tema ante la Asamblea General de la ONU. Esto significaría un inédito escrutinio internacional sobre la situación de derechos humanos en México, en un contexto donde el número de personas desaparecidas supera las 100 mil, de acuerdo con cifras oficiales y denuncias de organizaciones civiles.

Durante la sesión de clausura del periodo de trabajo del Comité, su presidente Olivier de Frouville afirmó que la decisión se basa en información fundamentada que apunta a un patrón sistemático de desapariciones, no en casos aislados. En una primera etapa, se enviará al gobierno mexicano una solicitud formal para que proporcione información pertinente, con la finalidad de mantener un diálogo constructivo y una cooperación efectiva, en búsqueda de la aplicación integral de la Convención.

De acuerdo con el artículo 34, si el Estado no proporciona respuestas suficientes o convincentes, la ONU podría convocar una sesión especial de su Asamblea General para tratar la crisis en México como una posible violación grave a los derechos humanos. El Comité señaló que esta medida no habría sido necesaria si el Estado mexicano hubiera implementado la Política Nacional para Prevenir y Erradicar las Desapariciones, recomendada desde la visita oficial del CED en 2021.

Organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Idheas y la Fundación para la Justicia, celebraron el anuncio y exigieron al Estado mexicano transparencia, apertura y colaboración, enviando datos verificables y reconociendo la magnitud del problema.

Cabe destacar que esta activación del procedimiento no implica aún un juicio, pero sí abre la puerta a una intervención formal de la ONU ante un posible crimen de lesa humanidad. Según el derecho internacional, esta categoría se configura cuando las atrocidades son cometidas de forma sistemática o generalizada con pleno conocimiento del Estado.

La gravedad del procedimiento refleja no solo la profundidad de la crisis de desapariciones en México, sino también la pérdida de confianza en la capacidad o voluntad del Estado para responder adecuadamente. Se trata de un momento crucial que podría marcar un punto de inflexión en el abordaje internacional de esta grave violación de derechos humanos.