Publican en el DOF reforma a la Ley de Amparo

• Las resoluciones ya no tendrán efectos generales, se digitalizan procesos, se fija supletoriedad del CNPCyF, entre otras disposiciones.

Multius (multius.com.mx). El Diario Oficial de la Federación publicó este 13 de marzo de 2025 el decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución. La modificación deriva de las recientes reformas constitucionales en materia judicial y establece nuevas reglas en la procedencia e impacto del juicio de amparo.

Uno de los cambios más relevantes es la prohibición de que las resoluciones de amparo tengan efectos generales. El decreto establece que las sentencias solo podrán beneficiar a quienes promuevan el juicio, eliminando la posibilidad de extender la protección a terceros no involucrados en el litigio.

Asimismo, se declara la improcedencia del amparo contra actos del Órgano de Administración Judicial y del Tribunal de Disciplina Judicial. Con ello, las decisiones tomadas por estas instancias no podrán ser impugnadas mediante este mecanismo constitucional.

El decreto también incorpora el uso obligatorio de la firma electrónica en los escritos que se presenten de manera digital dentro del juicio de amparo, conforme a la regulación que emita el Órgano de Administración Judicial. Esta medida busca agilizar los procesos y fomentar la digitalización del sistema de justicia.

Otra modificación relevante es la supletoriedad del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en los casos en que la Ley de Amparo no contemple una disposición expresa.

Entre las derogaciones aprobadas, se eliminó el artículo 223, así como la fracción I del artículo 226 y la fracción I del artículo 227. Estas modificaciones forman parte del ajuste normativo para adecuar la Ley de Amparo a la nueva estructura del Poder Judicial.

Además, el decreto introduce lenguaje incluyente en diversas disposiciones, sustituyendo términos como "servidores públicos" por "personas servidoras públicas" y "trabajadores" por "personas trabajadoras".

La entrada en vigor de estas reformas marcará un nuevo escenario en la protección de derechos mediante el juicio de amparo, limitando su alcance y ajustando sus procedimientos a la transformación del sistema judicial en México.