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Publican programa contra la tortura tras siete años de retraso
- MULTIUS
- 19 feb
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Organizaciones exigen su correcta implementación ante la persistencia de la tortura en México.
Multius (multius.com.mx). Tras siete años de retraso, la Fiscalía General de la República (FGR) finalmente publicó el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. La difusión de este programa ocurrió luego de que un Tribunal Colegiado ordenara su publicación, tras un juicio de amparo promovido por diversas organizaciones defensoras de derechos humanos como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Fundar y Documenta A.C.
La Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura, promulgada en 2017, establecía que la FGR tenía un plazo de 180 días para elaborar y emitir dicho programa, sin embargo, pasaron más de seis años sin que se cumpliera esta disposición. Ante la omisión de la Fiscalía, las organizaciones civiles recurrieron al Poder Judicial para exigir el cumplimiento de la ley, lo que finalmente derivó en la reciente publicación del programa.
El documento establece políticas públicas específicas para la prevención, investigación, sanción y erradicación de la tortura en México. Entre sus objetivos se encuentra la implementación de campañas de capacitación y sensibilización dirigidas a servidores públicos de todos los niveles de gobierno, así como la elaboración de un diagnóstico sobre la incidencia, modalidades, causas y consecuencias de la tortura en el país.
También contempla medidas para la protección, asistencia y reparación integral de las víctimas, así como líneas de acción e indicadores para evaluar su impacto. Un aspecto destacado del programa es el reconocimiento explícito de que la tortura sigue siendo una práctica recurrente en México, a pesar de que el Ejecutivo ha negado en reiteradas ocasiones la existencia de esta problemática a nivel nacional.
El Centro Prodh resaltó algunos aspectos positivos del documento, como el establecimiento de un informe anual de seguimiento sobre la tortura en el país. No obstante, señaló que el programa carece de indicadores claros para medir su efectividad, lo que limita su alcance y dificulta la evaluación de sus resultados.
Asimismo, las organizaciones de derechos humanos criticaron que el programa prevea sanciones administrativas para jueces que incumplan sus obligaciones en casos de tortura, pero no contemple medidas similares para ministerios públicos y policías ministeriales, actores clave en la investigación de estos delitos.
Según datos del Observatorio contra la Tortura, en 2023 se iniciaron al menos 4 mil 592 investigaciones por este delito en todo el país, pero solo 18 fueron judicializadas. Estas cifras contrastan con los discursos oficiales que minimizan la existencia de tortura en México y subrayan la urgencia de implementar medidas efectivas para erradicar esta práctica.
Además, las organizaciones defensoras de derechos humanos esperan que el programa contribuya a la revisión de casos de víctimas de tortura que aún permanecen en prisión, como Keren Selsy Ordoñez y Éricka Guadalupe Acosta Corona, quienes han denunciado haber sido sometidas a tortura antes de ser encarceladas.
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