.png)
SCJN rechaza atraer el caso Calica; seguirá en tribunales federales
- MULTIUS
- 26 may
- 3 Min. de lectura
La Primera Sala determinó que la minera carece de legitimación para solicitar la intervención del máximo tribunal mexicano en su disputa ambiental.
Multius (multius.com.mx). La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó atraer el caso promovido por Calizas Industriales del Carmen, S.A. de C.V. (Calica), filial de la minera estadounidense Vulcan Materials Company, con el cual la empresa buscaba que el máximo tribunal resolviera la disputa jurídica contra el gobierno mexicano por la clausura de sus operaciones en Playa del Carmen, Quintana Roo.
Mediante un acuerdo notificado el pasado 21 de mayo de 2025, la Primera Sala de la SCJN, presidida por la ministra Loretta Ortiz Ahlf, determinó desechar la solicitud de reasunción de competencia al considerar que la parte promovente carecía de legitimación procesal, según consta en el documento firmado por el actuario Juan Carlos Rebollo Ponce.
La decisión implica que será el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito de Quintana Roo, con sede en Cancún, el que deberá resolver los juicios de amparo en revisión (expedientes 676/2022 y 498/2023) interpuestos por Calica tras las clausuras administrativas impuestas por Profepa en mayo de 2022. Dichas clausuras detuvieron tanto la extracción de piedra caliza como el uso del muelle de Punta Venado para la exportación de materiales hacia Estados Unidos.
La controversia se intensificó en septiembre de 2024, cuando el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador decretó como Área Natural Protegida más de dos mil hectáreas de terreno explotadas por Calica. Esta medida administrativa de protección ambiental, que invoca el derecho constitucional a un medio ambiente sano, ha sido considerada por jueces federales como un asunto de interés público, razón por la cual han determinado su irreversibilidad jurídica.
Pese a los reveses judiciales en México, Vulcan Materials mantiene activa una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo dependiente del Banco Mundial. Bajo el marco del extinto Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la empresa alega una expropiación indirecta de sus activos y reclama una compensación superior a mil 500 millones de dólares, más intereses y costas procesales.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que los terrenos siguen siendo propiedad de la empresa, pero ha subrayado que están legalmente impedidos para realizar actividades con impacto ambiental, debido a los efectos del decreto presidencial y a las resoluciones judiciales. Según autoridades ambientales, las operaciones de Calica causaron daños severos al acuífero maya, uno de los principales argumentos para justificar la protección del área.
Este fallo de la Suprema Corte ocurre mientras la ministra Loretta Ortiz Ahlf, quien encabezó la resolución, participa como candidata en la elección judicial para renovar su cargo dentro del Alto Tribunal. Mientras tanto, el litigio nacional continúa estancado en los tribunales de circuito, y el arbitraje internacional avanza sin una resolución definitiva.
Con esta determinación, el caso de Calica se mantiene como uno de los más emblemáticos en la intersección de los derechos ambientales, la inversión extranjera y el arbitraje internacional, a escasos meses de que entre en funciones una nueva composición de la SCJN y continúe el debate sobre la soberanía territorial y el cumplimiento de tratados internacionales.
Komentar