TEPJF ordena al INE resolver sobre voto con credencial extranjera

• El Tribunal considera injustificada la negativa del INE y exige una respuesta formal sobre el derecho al voto en casillas especiales para quienes tienen credencial del extranjero.

Multius (multius.com.mx). A menos de dos meses de la elección judicial del 1 de junio, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) instruyó al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) a emitir una respuesta formal sobre la posibilidad de que ciudadanos mexicanos con credencial para votar emitida en el extranjero puedan participar en los comicios, siempre que se encuentren temporalmente en el país y acudan a las casillas especiales.

El fallo del Tribunal surge a raíz del juicio de la ciudadanía promovido por Maribel Solache González, diputada federal migrante de Morena, quien impugnó la negativa de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del INE, la cual argumentó que no existían bases normativas para incluir a los mexicanos con credencial extranjera en el listado nominal para esta elección extraordinaria del Poder Judicial.

La Sala Superior del TEPJF consideró que esta negativa constituye una restricción injustificada al derecho a votar y a participar en la vida pública del país. El proyecto fue presentado por el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, quien señaló que impedir el voto en estos casos vulnera los principios democráticos de igualdad y participación.

Aunque originalmente se propuso ordenar directamente al INE implementar mecanismos para habilitar el voto de estas personas, la magistrada Janine Otálora y otros integrantes de la Sala Superior coincidieron en que la competencia para resolver sobre este tema no correspondía a la Dirección Ejecutiva, sino al Consejo General del Instituto. Por ello, se modificó la propuesta para que sea este órgano quien analice la viabilidad técnica y jurídica de habilitar la votación en casillas especiales para personas con credencial desde el extranjero.

La resolución no fija un plazo concreto para la respuesta del INE, pero sí le otorga libertad para evaluar el impacto operativo y normativo de incluir a este grupo de ciudadanos en la jornada electoral.