TEPJF rechaza sancionar a candidato a juez penal en Michoacán señalado por vínculos con el crimen organizado.

• Sin embargo, el tribunal dejó abierta la posibilidad de cancelar su registro por incumplir requisitos.

Multius (multius.com.mx). El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió no imponer sanción alguna contra Francisco Herrera Franco, candidato a juez penal en Michoacán, pese a las denuncias en su contra por presuntos vínculos con el narcotráfico y el asesinato de dos periodistas. La Sala Superior aprobó por unanimidad el proyecto de sentencia del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, quien confirmó la resolución de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), que había declarado improcedente el procedimiento especial sancionador promovido por la organización Defensorxs.

No obstante, el TEPJF dejó abierta la posibilidad de que la cancelación del registro de la candidatura de Herrera Franco pueda ser solicitada a través de otros medios de impugnación o por otras autoridades, advirtiendo que el incumplimiento de los requisitos de elegibilidad podría derivar en consecuencias jurídicas específicas. La organización Defensorxs había solicitado la cancelación del registro del candidato al considerar que carece de buena reputación, señalando sus supuestos vínculos con grupos criminales en Michoacán.

En abril de este año, el portal Animal Político reveló que Herrera Franco fue fiscal regional durante la administración del exgobernador Silvano Aureoles, quien actualmente enfrenta una orden de aprehensión por presunto desvío de recursos y vínculos con el crimen organizado. A pesar de ello, Herrera Franco ha negado tener investigaciones en su contra y ha asegurado que no ha sido citado a declarar por ninguna autoridad.

De forma paralela, la Sala Superior del TEPJF validó el procedimiento aprobado por el INE para verificar que los candidatos a cargos judiciales cumplan con los requisitos constitucionales de elegibilidad. El magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera subrayó que garantizar la legalidad en el proceso electoral judicial es un deber democrático y no un exceso, destacando que la entrega de constancias de mayoría debe estar supeditada al cumplimiento de dichos requisitos.

El procedimiento contempla revisar antecedentes por delitos graves y advertir posibles impedimentos legales antes de emitir la constancia de mayoría. Esta medida cobra relevancia en el contexto actual, donde se cuestiona la postulación de aspirantes vinculados con el crimen organizado.