HRW señala crisis de derechos humanos en México

• Factores estructurales y deficiencias del sistema judicial agravan las violaciones a derechos humanos.

Multius (multiius.wixsite.com). La crisis de derechos humanos en México se ha convertido en una problemática estructural que impacta a millones de ciudadanos. Un informe reciente de Human Rights Watch (HRW) revela que esta situación tiene sus raíces en la violencia extrema, atribuida tanto al avance del crimen organizado como a los abusos cometidos por agentes del Estado en un contexto de casi total impunidad.

Según HRW, la tasa de homicidios en el país se redujo ligeramente en los últimos años, pero el número de denuncias de desapariciones ha aumentado. Hasta septiembre de 2024, más de 115,000 personas estaban catalogadas como desaparecidas, muchas de ellas desde 2006. A esta problemática se suma el hallazgo de casi 5,700 fosas clandestinas, grave recordatorio de la falta de efectividad por parte de las autoridades. Así mismo, la clausura del Centro Nacional de Identificación Humana en enero de 2024 y el despido de gran parte de su personal han dejado a las familias de desaparecidos con un vacío institucional, obligándolas a organizarse en más de 230 colectivos de búsqueda.

Otro factor clave en esta crisis es el sistema de justicia penal, que HRW califica como "extremadamente ineficaz". Las fiscalías no investigan adecuadamente la mayoría de los delitos, incluyendo homicidios y desapariciones forzadas, ni los abusos cometidos por agentes del Estado. En 2022, solo el 16% de las investigaciones penales llegaron a una resolución, ya sea en tribunales, mediación o compensación. Adicionalmente, casi la mitad de las personas encarceladas reportaron haber sufrido torturas tras su detención, según datos del INEGI de 2021.

El Informe Mundial 2025 también destaca que un 37% de las personas detenidas en cárceles mexicanas en 2023 no habían recibido sentencia, mientras que más del 20% de quienes se encontraban en prisión preventiva superaban los dos años en esa condición, contraviniendo las disposiciones legales nacionales e internacionales. Este uso excesivo de la prisión preventiva genera cuestionamientos sobre el respeto a los estándares de derechos humanos, al igual que la falta de independencia en los procesos judiciales.

Este panorama empeora con el uso continuó de prácticas cuestionables por parte de las fiscalías y las corporaciones de seguridad publica. Según HRW, en algunos casos, se fabrican cargos colocando drogas en los hogares, vehículos o pertenencias de los sospechosos, justificando así su detención. Estas acciones son frecuentemente acompañadas de torturas para obtener confesiones, prácticas que han sido documentadas por observatorios de derechos humanos en miles de denuncias penales.

A lo cual se suma para agravar la situación, la reforma judicial que entró en vigor en septiembre de 2024, la cual introduce la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular y la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial con amplios poderes para sancionar. HRW alerta que estas medidas podrían debilitar la independencia judicial y socavar el derecho a un juicio justo, dejando a las víctimas de violaciones a derechos humanos sin garantías reales de justicia.

HRW alertó, además, sobre la militarización de la seguridad pública, que se intensificó tras la reforma constitucional impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. El informe critica la facultad del Ejecutivo para desplegar indefinidamente a las Fuerzas Armadas, lo que perpetúa abusos como detenciones arbitrarias, tortura y ejecuciones extrajudiciales.

A pesar de los pocos avances señalados en el informe, como el incremento del salario mínimo y la ligera disminución de la pobreza, los indicadores de desigualdad y la falta de acceso a servicios básicos, como la salud, continúan agravando la crisis. Este panorama deja en evidencia la necesidad urgente de políticas públicas integrales que enfrenten no solo las consecuencias de la violencia y la impunidad, sino también las causas estructurales que las perpetúan.

La responsabilidad recae ahora en las autoridades actuales, quienes enfrentan el desafío de devolver la confianza en las instituciones y garantizar un sistema judicial transparente y eficaz. Sin embargo, mientras no se prioricen los derechos humanos y se implementen reformas que fortalezcan el Estado de derecho, las víctimas seguirán enfrentando un camino cuesta arriba en la búsqueda de justicia y reparación del daño..