Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz enfrentan sanciones por arranques de campaña irregular

• INE ordena el retiro de publicaciones por violaciones a principios de equidad; Tribunal Electoral analizará ilícitos de fondo

Multius (multius.com.mx). Las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf, enfrentan un nuevo capítulo en sus aspiraciones para mantenerse en el cargo tras el inicio de sus respectivas campañas en el proceso de elecciones judiciales. La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que ambos actos de arranque violaron normas electorales, particularmente en materia de equidad en la contienda.

Los eventos del pasado 30 de marzo —realizados por Esquivel en el Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec y por Ortiz en la sede del Sindicato Mexicano de Electricistas— fueron objeto de denuncias ciudadanas por uso indebido de recursos públicos, propaganda electoral indebida y participación en actos anticipados de campaña.

El INE ordenó la eliminación de los videos relacionados con dichos eventos, aunque en el caso de Esquivel no fue posible aplicar medidas cautelares ya que el contenido fue retirado de sus redes sociales antes de la sesión, lo que llevó a declarar los hechos como consumados. No obstante, se aclaró que el procedimiento continuará y será el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el que determine si incurrió en alguna infracción.

En el caso de Loretta Ortiz, se acreditó que su evento violó los principios de equidad, ya que el sindicato no cumplió con los requisitos establecidos para garantizar una participación imparcial de todas las candidaturas. Además, se detectaron posibles irregularidades como la realización de campaña conjunta con otras personas aspirantes y el uso de material no reciclable.

El órgano electoral consideró que la difusión de estos eventos representaba un riesgo real e inminente de generar un posicionamiento inequitativo, razón por la cual se ordenó el retiro inmediato de las publicaciones, tanto de la ministra como del sindicato que organizó el acto.

Aunque algunas medidas fueron declaradas improcedentes —como la eliminación de contenido de medios de comunicación o la participación de funcionarios no identificados—, el proceso legal continúa abierto y las posibles sanciones se resolverán en sede jurisdiccional.